Redaccion
España ha ocupado los titulares en
semanas recientes por ser epicentro de una manifestación de malestar social: el hartazgo ciudadanoante los perjuicios del turismo
masivo; mal llamado turismofobia por quienes
intentan desacreditar las legítimas demandas
de los afectados.
En Barcelona, ciudad que recibe más turistas que países enteros, el principal factor de enojo social es el encarecimiento de la vivienda debido a que los propietarios la retiran del mercado local para destinarla a los viajeros.
Además de desplazar a los residentes hacia
barrios periféricos o de plano volver imposible la renta o compra de un hogar, la “turistificación” inmobiliaria eleva los costos detodos los servicios y elimina comercios necesarios para volver una comunidad habitable.
Los dueños de hoteles, restaurantes y otros
negocios beneficiados por la afluencia de
viajeros han reaccionado a este movimiento
con el manido chantaje empresarial: hablar
de los empleos que generan y amenazar con
las graves consecuencias que tendría el achicamiento de sus operaciones para las comunidades donde se asientan.
Lo que ocultan los patrones es que tales
beneficios son acaparados por un puñado de
individuos adinerados, mientras que el grueso de la población padece los efectos nocivos
de la “turistificación”.
Asimismo, omiten quelos empleos que ofrecen se distinguen por los pésimos salarios, la ausencia de derechos laborales, la temporalidad y las jornadas abusivas y extenuantes. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), los trabajadores del sector se encuentran entre los más precarizados
a nivel mundial.
Además de que muchos de ellos dependen
por completo de las propinas para cubrir sus
necesidades, la mayor parte sólo tiene empleo durante cinco o siete meses al año, es decir, durante las temporadas altas de viajes en los diferentes destinos. El resto del tiempo,
deben arreglárselas con el autoempleo o con
trabajos temporales que apenas les permiten
subsistir.
Para colmo, las características de
las localidades donde laboran –por ejemplo,
zonas de grandes complejos hoteleros donde
cada metro cuadrado se destina al alojamiento o al ocio de los visitantes– hace imposible
para los empleados residir ahí, por lo que
deben cubrir sobreprecios en transporte,
vivienda y alimentación sólo para ejercer su
trabajo.
Al extorsionar a autoridades y pobladores
con el espantajo de los empleos y la derrama económica, los hombres de negocios
también callan un fenómeno distintivo del
carácter predatorio de muchos empresarios
del sector, ubicuo en los destinos turísticos
mexicanos: la negativa a realizar cobros por
medios electrónicos y la imposición de recibir
los pagos únicamente en efectivo, incluso
en establecimientos que de modo evidente
manejan grandes volúmenes de dinero y que
pueden absorber sin ningún inconveniente
los costos de operar las terminales bancarias. Se trata, a todas luces, de una práctica
dirigida a estafar al fisco y evadir impuestos
al fingir ingresos mucho menores a los reales.
En México, como en España y en muchos
otros países, el turismo foráneo representa
una importante fuente de divisas y empleos,
además de dinamizar a otros rubros como la
industria de la construcción.
Por ello, sería necio llamar a que se cierren
los flujos de viajeros, pero estos hechos no
pueden usarse para negligir los profundos
cambios que requiere el sector a fin de que
el disfrute de los visitantes no se convierta
en tragedia para los residentes, y de que las
pingües ganancias dejadas por los turistas
lleguen a los trabajadores que los atienden
durante su estancia.
