El Occidental
Los integrantes del Consejo General de la Universidad de Guadalajara (UdeG), dieron un paso histórico al aprobar las reformas al sistema de pensiones de esa institución educativa y a través del cual se garantiza su viabilidad y estabilidad hasta el próximo siglo al explicar el rector Ricardo Villanueva Lomelí a los consejeros los motivos por los que se buscó esta reforma a través de la cual se incrementa un monto de aportación de los nuevos trabajadores.
Con 170 votos a favor, prácticamente por unanimidad de los presentes, el sistema de pensiones de la Universidad de Guadalajara cambió y los nuevos trabajadores tendrán que hacer una aportación del 18%, lo mismo que hará la Universidad de Guadalajara mientras tanto los trabajadores que están en activo, en este momento, sus aportaciones serán iguales durante todo su etapa productiva, es decir del 10%, mientras que la Universidad de Guadalajara irá aportando de manera gradual el porcentaje que les haga falta para llegar al 36% combinado.
Con estos cambios, el fondo de pensiones de la Universidad de Guadalajara, se convierte en el primero en todo el país y prácticamente el único en tener esta viabilidad financiera para las próximas décadas y no poner en riesgo ni las pensiones de los trabajadores jubilados ni el presupuesto de la propia institución, como lo estarán en los próximos años más de 10 universidades.
Para el rector, éste será uno de los acontecimienentos más importantes de su administración, ya que llegó precisamente un año antes de terminarla y en donde pudo haber analizado la posibilidad de dejarle el planteamiento al próximo rector, sin embargo, se tuvo las condiciones necesarias de poder adelantarse a los tiempos críticos y permitirse que su fondo de pensiones no llegara a un estado crítico, como ya lo tienen muchas instituciones del país.
Por más de media hora, Ricardo Villanueva explicó a los integrantes del Consejo universitario, por qué los motivos de este cambio, y en donde planteó que el estudio actuarial que se realizó a este fondo indicaba que no pasarían más de 10 años y que estarían en severas condiciones críticas para poder seguir pagando las pensiones de los trabajadores jubilados hasta este momento y los que ya están en activo, sin embargo, la propuesta ya sustentada con el estudio, le permitió mostrar a los consejeros la importancia de adelantarse a los tiempos, es decir, 14 años antes de alcanzar un estado crítico.
